Economía: una década de oportunidades postergadas y final todavía abierto

En La Resurrección (escrito a principios de 2007 con Diego Valenzuela y recientemente reeditado por Eudeba) señalaba que, si la cancelación de la deuda con el FMI había sido la marca simbólica de que la Argentina se había levantado de las cenizas de la crisis, la gestión del gobierno de Kirchner se había caracterizado (hasta entonces) por una audacia discursiva que contrastaba con el bajo dinamismo y efectividad de las políticas públicas. Seis años más tarde, en Vamos por todo (escrito con Marcos Novaro y publicado por Sudamericana) decía que si a fines de 2006 el kirchnerismo permitía abrigar la esperanza de romper con el tradicional ciclo de recuperación, entusiasmo y desencanto que caracterizó buena parte de nuestra historia reciente, cinco años más tarde esta esperanza aún no se había materializado.

A la luz de esta trama con final abierto, uno tiene la tentación de separar la década kirchnerista en dos etapas, que de manera superficial podríamos denominar kirchnerismo bueno y kirchnerismo malo, o, como se ha popularizado en estos días entre actores de la oposición (algunos de ellos ex funcionarios kirchneristas), kirchnerismo y cristinismo.

Sin embargo, si bien hay diferencias de estilo entre Néstor y Cristina, este revisionismo nestorista no deja de ser una reescritura, en algunos casos oportunista, de la historia. Basta recordar que muchas de las decisiones más polémicas del segundo kirchnerismo que repasamos en Vamos por todo (desde la intervención del Indec a la política de subsidios) fueron tomadas en vida -y por iniciativa- de Néstor. Más aún: las tragedias y conflictos que hoy alimentan el odio opositor y la desazón oficialista (desde Once y La Plata hasta el cepo y la caída del empleo) no son sino el costo diferido de políticas implementadas en el primer kirchnerismo.

Así, desde una perspectiva menor coyuntural, cabe pensar la década pasada no como dos etapas sino como momentos de un mismo proceso, radicalizado sobre el final por el asedio de un contexto económico que comenzó con amplios márgenes ganados en 2002 (superávits fiscal y externo fruto de la devaluación, deuda licuada o reestructurada, retenciones en alza) y se fue volviendo menos generoso a medida que esos márgenes se consumían. Más específicamente, hubo en estos diez años una continuidad de enfoque que, a pesar de la presunción (o expresión de deseos) de cierto pragmatismo kirchnerista, se ha mostrado, al menos en lo económico, obcecadamente impermeable a los desafíos de la realidad.

¿En qué consistió esta continuidad? Podríamos resumirla, de manera simplificada, en dos aspectos: cortoplacismo (una versión extrema de la tendencia natural del político a no ver más allá de la próxima elección, alimentada en parte por el carácter accidental del acceso al poder de Néstor Kirchner) y rentismo (la concepción de la economía como un capital no perecedero que nos da sus frutos sin necesidad de invertir muchos recursos, como un pozo petrolero).

DÉCADA CORTOPLACISTA

Al cortoplacismo le debemos las políticas precarias, el “atalo con alambre”, los atajos sin salida y una lista creciente de asignaturas pendientes que, probablemente, deberá resolver un próximo gobierno.

La intervención del Indec para tapar la inflación de 2% de enero de 2007, que cortó de raíz el proceso de pesificación de los ahorros (que el Gobierno hoy quiere restituir a los gritos) e inició la salida de capitales que nos llevó al cepo, y que se terminó contagiando a toda la información pública (incluyendo los datos de crecimiento y pobreza). La profundización de los subsidios a la clase media urbana a expensas de la infraestructura (que acumula años de desinversión reflejada en la inseguridad de los trenes, los frecuentes apagones o la inefable telefonía móvil) y del fisco (con un déficit fiscal en aumento, hoy financiado con inflación). La reestatización de los aportes previsionales, que nos llevó de un ineficiente sistema privado de ahorro forzado a un sistema público, deficitario, que ya no ahorra y acumula deuda con los futuros jubilados (y con muchos de los presentes). La expropiación de YPF para hacerse de sus ganancias con la ilusión de no pagar un peso (es decir, en la práctica, pateando la cuenta, como tantas otras, para un próximo gobierno) que, lejos de acercarnos a la “soberanía energética” mantiene enterradas las reservas de Vaca Muerta por falta de fondos para extraerlas. Los blanqueos de capitales en 2009 y 2013 para hacerse de dólares baratos a cambio de pasar a pérdida impuestos no pagados e incentivar la evasión.

Todas ejemplos de políticas de “pan para hoy, hambre para mañana” que tuvieron, previsiblemente, un jugoso dividendo electoral. Después de todo, el gasto inmediato es inmediatamente visible; los costos diferidos, en cambio, son inciertos y difusos y cuando se realicen probablemente se atribuirán al gobierno de turno.

DÉCADA RENTISTA

Por su parte, al rentismo le debemos el “vivir con lo nuestro”, el rechazo al capital extranjero y, en última instancia, la lenta implosión del crecimiento argentino (a contrapelo de la recuperación de las economías de la región, fondeadas en gran medida por inversiones del exterior).

El rentista es acreedor por naturaleza, vive de los intereses del capital o de la renta de sus propiedades. Por el contrario, el productor tiene proyectos y capacidad de gestión, pero necesita capital para materializarlas, toma prestado del rentista para agregar valor. Para producir hay que invertir y para invertir hay que endeudarse. El crédito y la deuda son dos caras de la misma moneda. En este aspecto, el kirchnerismo vive en continua contradicción: entiende la necesidad y la utilidad del crédito, pero abomina de la deuda.

El país sin deuda (el país acreedor por excelencia) es el país petrolero que vive de la renta del petróleo y ahorra una parte para seguir viviendo de rentas cuando el petróleo se acabe. Invierte los dólares petroleros en fondos soberanos que prestan a países no petroleros ya sea en la forma de deuda (por ejemplo, comprando bonos) o como inversión directa (comprando recursos o empresas). El país productor, por su parte, usa ese capital para desarrollarse. El desendeudamiento kirchnerista podría asimilarse a la estrategia del país rentista, explotador de recursos naturales (en nuestro caso, la soja, o la riqueza petrolera y minera, insuficientes para sostener el crecimiento con equidad: el modelo rentista del país petrolero nos queda chico).

De ahí quizá la versión estrecha y literal del vivir con lo nuestro, esa fijación con la autosuficiencia que nos ha regalado el segundo kirchnerismo y nos ha llevado al racionamiento de las importaciones y a un sistema de controles dignos de una economía de guerra que terminaron ahogando el crecimiento.

DÉCADA LATENTE

¿Fue una década de oportunidades perdidas o sólo postergadas? Crecer al 2% cuando se puede crecer al 4% representa una pérdida. Y varios de los errores de diagnóstico y política de los últimos años (inflación, subsidios, cepo, destrucción de la confianza) son reversibles, pero a un costo económico y político que el Gobierno no está dispuesto a afrontar.

Pero el kirchnerismo también supo, en sus inicios, rescatar y profundizar los aciertos de la salida de la convertibilidad en 2002. Y muchos de los logros tempranos (la sólida base tributaria, los instrumentos de protección social, la recuperación del ingreso y su distribución, el bajo nivel de endeudamiento público y privado) y el importante stock de recursos naturales (minería, gas y petróleo) permanecen como una oportunidad a la espera de ser explotada.

En este sentido, las reservas de Vaca Muerta son casi una metáfora del segundo kirchnerismo. Sabemos que están ahí, que no se irán a ningún lado, pero no podemos tocarlas ni gastarlas a cuenta. Del mismo modo, el desarrollo argentino (a diferencia de la recuperación y el crecimiento circunstancial) nunca estuvo más cerca que a fines de 2006. Y desde entonces se mantiene a distancia, latente, sus chances intactas, a la espera de que desandemos los errores que nos desviaron del camino.

Por Eduardo Levy Yeyati

Fuente. La Nación