El Gobierno acordó ayer un plan de repago de la deuda en default con algunos de los países desarrollados agrupados en el Club de París. El acuerdo, por una deuda que se valuó en 9700 millones de dólares al 30 de abril de 2014, contempla pagos por 1150 millones de dólares hasta las elecciones de 2015; quedarán los 8550 restantes a cargo del próximo gobierno. El plazo de pagos podría extenderse dos años más en caso de que no se concretaran inversiones bilaterales provenientes de los países miembros del Club.
En la negociación, el Gobierno logró preservar una bandera emotiva (el rechazo de una revisión del FMI, que postergó el acuerdo por casi una década) al costo de apurar los pagos (normalmente, habría obtenido 10 años de plazo más un período de gracia). Así, las condiciones del arreglo se ven a la vez generosas dada la presindencia del Fondo y exigentes en relación con un acuerdo estándar. El arreglo es una sorpresa positiva, tanto para el crédito como para las reservas, por varias razones.
Primero, la resolución favorable del conflicto (que complementa los acuerdos ya alcanzados en el Ciadi y con Repsol) levantaría el veto que el país enfrenta en el Banco Mundial, y agilizaría inversiones financiadas con préstamos bilaterales, algunas de las cuales podrían llegar ya en 2015 (aunque estas inversiones suelen destinarse a importaciones de bienes y servicios, con un magro dividendo de divisas). Asimismo, facilitaría un préstamo corto del Banco Central de Francia al Banco Central argentino que más que compensaría los pagos al Club de París en el próximo año y medio (aunque, de nuevo vale aclarar, el efecto sobre las reservas sería apenas cosmético).
Sin embargo, el beneficio más inmediato probablemente venga de la mano de un menor costo financiero, que beneficiaría la búsqueda de fondos internacionales de provincias, empresas públicas y privadas y, posiblemente, del mismo Tesoro nacional.
La respuesta inicial de los mercados fue parcial y diferenciada: mientras las acciones subían con fuerza en Nueva York, los bonos lo hacían más levemente contenidos por el «riesgo holdouts«. Pero si la Corte Suprema de EE.UU., en algún momento entre el inicio de Brasil-Croacia y el final de Argentina-Bosnia, decide pedir opinión sobre el caso argentino al procurador general, postergando así el desenlace varios meses, es probable que la tasa de interés a la que se endeuda el Gobierno descienda por debajo del 8% alguna vez insinuado como umbral.
En ese caso, es posible que el Tesoro nacional opte por complementar el menguante saldo comercial con nueva deuda financiera como fuente de divisas, arriando definitivamente la bandera del desendeudamiento; en rigor, la del desendeudamiento explícito, ya que la deuda implícita, no reconocida en las planillas del Ministerio de Economía (juicios pendientes de empresas en el Ciadi o de jubilados en los juzgados locales, Repsol, holdouts) viene aumentando en los últimos años más de lo que disminuyen las obligaciones reconocidas.
Del lado negativo, el acuerdo promete financiamiento a una administración habituada a jugar sin margen y a gastar a cuenta, dando argumentos (y fondos) a los que promueven una combinación de atraso cambiario, precios administrados, gasto fiscal y tasas en baja para reanimar la economía a tiempo para la foto de despedida.
En suma, la reestructuración de la deuda con el Club de París pudo venir antes y ser más generosa para el país, puede generar complacencia con el recurso fácil del ancla cambiaria a expensas del ahorro y la inversión, y ciertamente hace poco para resolver el déficit de desarrollo que enfrenta la Argentina hace unos años. Pero ayuda a dar vuelta la página del default, a abandonar el «vivir con lo nuestro» y a atenuar el estrés financiero en el tránsito a 2016.
Por Eduardo Levy Yeyati
Fuente: La Nación