Lunes 18 de agosto de 2014
La agenda del futuro debe empezar ahora
Fuente:
La Nación
Autor:
Eduardo Levy Yeyati
En la Argentina, la discusión económica transita por dos carriles separados.
De un lado, la coyuntura del diario de la mañana, saturada de referencias al dólar, la inflación y el empleo y, más recientemente, los holdouts y el default. Del otro, la materia de debates más distantes (¿académicos?) sobre productividad y desarrollo, que se cuela cosméticamente en la gacetilla política e irrumpe en el día a día a través de sus emergentes inmediatos: el corte de luz, el paro docente, el procesamiento de funcionarios públicos.
Esta dualidad marcará inevitablemente la campaña presidencial. Enfocado en ganar (o en no perder) votantes en una elección reñida, el candidato probablemente comente por la tarde el temario del diario de la mañana (o, abrazando la nueva moda del marketing político, las tendencias matinales en las redes sociales) con referencias fugaces y mínimas al desarrollo. Probablemente abogue por la calidad educativa, la inversión eficiente y la paz mundial eludiendo precisiones difíciles de comunicar, y enseguida vuelva sobre lo seguro: la recesión, la inflación y el cepo, los impuestos.
Sería desde luego deseable enterarnos de lo que tiene en mente sobre los temas de fondo, pero no será el primer caso (Menem y Kirchner, por ejemplo) que un candidato gana con una agenda económica adaptada al gusto del votante y luego hace todo lo contrario. El riesgo es que las prioridades de la campaña sean luego las prioridades de la gestión.
La oposición entre lo urgente y lo importante es un falso dilema que opone el presente al futuro como si ambos fueran mutuamente excluyentes. Un rol crítico de la política pública es reconciliarlos. La agenda del presente y la del futuro deben iniciarse simultáneamente, cuanto antes.
Proyectar la Argentina es un ejercicio de adivinación. Pero no es desatinado pensar que, a partir de 2016, un nuevo gobierno con menos capital ideológico hundido revisite las tareas pendientes.
Si uno ausculta las encuestas, el espejo en el que el político lee su propia imagen, o incluso si lee o escucha a periodistas y analistas de coyuntura, las tareas pendientes -los obstáculos, la pesada herencia- suelen centrarse en unas pocas cuestiones urgentes: la inflación (alta, a pesar de la recesión), las distorsiones de precios (jerga que denota, entre otras cosas, al dólar barato e inaccesible o las tarifas subsidiadas a expensas del gasto público) y el acceso al financiamiento (el capital para inversiones productivas y para refinanciar la deuda que ahora pagamos vendiendo los muebles).
Nada de esto es difícil: se trata de deshacer los errores que llevaron a esta situación. Una década de políticas erráticas y desdén por el bagaje técnico nos llevó a pensar que bajar gradualmente una inflación inercial de 30%, reparar el acceso a los mercados y corregir parcialmente las tarifas nos puede llevar años y que, una vez alcanzadas estas metas, tenemos el camino despejado.
Lo más probable, sin embargo, es que el próximo gobierno resuelva estos problemas relativamente pronto y que, viniendo de un crecimiento modesto (o, de persistir el default, de una recesión), se encuentre a fines de 2016 surfeando el rebote. Como a fines de 1992 y de 2003. También es probable que el rebote consolide su capital político en las elecciones de medio término en 2017, e incluso le asegure una reelección en 2019. La historia es conocida: la vivimos en 1995 y 2007; incluso, en un revelador ejercicio de negación, en 2011.
El rebote puede ser suficiente para la reelección de 2019. Pero no para llegar bien al 2020.
El desarrollo es una tarea compleja. Involucra una multiplicidad de acciones diversas que excede con creces un período de gobierno, aun uno que aspira a la reelección. Pero, puestos a definir esta complejidad y abusando de la terminología económica, estas acciones relativas a la agenda del futuro podrían agruparse en tres grandes frentes: el físico, el humano y el institucional.
El primer frente remite a la infraestructura (transporte, energía, telecomunicaciones), que tanto descuidamos en la última década. Como un remisero que se gasta el dinero del mantenimiento, nos comimos el stock inicial y nos creímos más ricos de lo que éramos, y hoy el coche nos deja a pie a cada rato, reduciendo nuestra seguridad y nuestra generación de ingresos. Un plan realista de infraestructura requiere fondos, capacidad de gestión y coordinación público-privada, y ofrece dividendos de mediano plazo disponibles, digamos, para el segundo período de gobierno. De los tres frentes, es el más accesible políticamente.
El frente humano refiere a la educación y el desarrollo social como herramientas igualadoras. Involucra acciones para la primera infancia (salud y nutrición, educación inicial, transferencias y licencias) y una reforma que priorice la calidad de la educación (sobre todo la pública, principal víctima de la década) por encima del prejuicio, la complacencia y los intereses sectoriales. Una reforma educativa de este tipo tiene dividendos diferidos: 5 años para terciarios, 10 para secundario, 15 o más para primario, 20 para primera infancia. Esto la hace políticamente menos atractiva.
El frente institucional es el más controversial. De todos los temas que se debaten bajo este paraguas escojo el menos obvio: la reforma del Estado. La razón es simple: después de años de politización y descapitalización, en el Estado abundan las precarizadas cigarras políticas que, sin incentivos para dedicar a las acciones del desarrollo la gestión paciente y meticulosa que necesitan, prefieren maximizar su exposición mediática fotografiándose al dar un subsidio o lanzando planes estériles. No hablo de una cuestión meramente tecnocrática: más allá del tamaño, un Estado presente precisa hormigas burocráticas de carrera, con incentivos alineados a sus tareas. Los instrumentos para jerarquizar la función pública (concursos, capacitación, organización funcional, remuneración por desempeño) se conocen y en algunos casos ya existen, pero sus dividendos son virtualmente invisibles. De ahí que la reforma del Estado sea, con creces, la menos afín al paladar político.
Tres frentes, tres insumos fundamentales de la productividad y la estabilidad que necesitamos para mejorar los ingresos y la equidad.
El año 2016 es una nueva oportunidad. Para acertar o para volver a equivocarnos. El riesgo de 2016 es repetir el pasado: atacar lo urgente, confundir recuperación con desarrollo, postergar las reformas, dejar el barco a la deriva. La tentación de contener la inflación, acceder al financiamiento, despertar a la economía del letargo y hacer la plancha prendiéndole una vela a Vaca Muerta, el nuevo leitmotiv de la complacencia. Y despertar a la realidad cuando ya es tarde, sumando así otro capítulo a la serie de desilusiones y una nueva tapa de The Economist preguntando por qué no somos Australia.
El riesgo de 2016 es secuenciar, dejar para 2017 lo que debe iniciarse en 2016. Porque 2017 es año de elecciones. Sobran los ejemplos de reformas que no se hacen el primer año de gobierno y luego sucumben a la dinámica política, al temor del político a perder votos. Miremos, sin ir más lejos, el efímero "milagro brasileño".
La pregunta para los candidatos no es qué quieren para 2016, sino cómo esperan crecer en 2020. Y en 2030. No hay razones para postergar la agenda del futuro. Ya perdimos demasiado tiempo.
Un colega con el que discuto los puntos de esta columna me pregunta: ¿por qué un político -sobre todo si se trata de un candidato personalista desprovisto de partido político que extienda su horizonte- daría una batalla, inevitable en toda reforma, por un resultado que irá a la cuenta de un gobierno futuro? No tengo la respuesta. Quiero creer que el político aspira a trascender la coyuntura, a superar lo inmediato a favor de lo necesario, a liderar. O que al menos aspira a evitar el palíndromo de rebote y caída de sus predecesores, gobernando para el futuro. De lo contrario, todo este debate sería apenas un ejercicio intelectual.
