Como señalaba desde una columna publicada semanas atrás, se sabe que la economía determina la política casi tanto como ésta influye sobre aquélla. Sin desmerecer las sesudas lucubraciones de encuestadores y politólogos antes y después de cada campaña, lo cierto es que los gobiernos suelen ser bendecidos como reformadores modélicos en la abundancia y descartados como errores históricos en la escasez. Prueba de ello es el hecho de que pocos políticos sobreviven a una crisis (cómo lo ilustra el aciago destino de gobiernos de ideología variopinta en la menguante Europa periférica).

Con las simplificaciones del caso, la manera en que la política y la economía se retroalimentan mutuamente podría resumirse diciendo que las decisiones económicas, a través de sus efectos sobre la imagen del gobierno, sesgan sus prioridades y decisiones políticas, las que a su vez influyen sobre sus prioridades y decisiones económicas, etc.

La incipiente desaceleración de la actividad es un ejemplo de esta relación circular. En la medida en que amenaza con minar la imagen del gobierno, cambia sus incentivos y, en última instancia, sus planes. Contribuye a reemplazar el impopular ajuste de subsidios anunciado a fines de 2011 por el financiamiento inflacionario y el crédito dirigido, incorporados en la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, alimentando la dolarización de ahorros a expensas de la inversión y el crecimiento. Y así de vuelta al comienzo.

La coyuntura económica puede, incluso, incrementar la sensibilidad de los votantes a acusaciones de corrupción o mala gestión. ¿Cómo se explica si no la naturaleza cíclica de la transparencia como leitmotiv de la políticas argentina: su insignificancia testimonial en pleno festival de denuncias en los años dorados de la convertibilidad, su rol central en la victoria de la Alianza en el preámbulo de la crisis de fin de siglo, nuevamente su insignificancia en la etapa de idilio sojero y crecimiento a tasas chinas?

En un reciente trabajo que preparamos con Luciano Cohan para Elypsis, ilustramos estos puntos mostrando cómo el nivel de actividad, la confianza al consumidor y la imagen de gobierno tienden a moverse sincronizadamente en el tiempo. Un rápido vistazo a estas series para la Argentina muestra que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC, elaborado por la UTDT) a la vez rezaga y anticipa nuestro estimador del nivel de actividad (ICAE). Menos confianza implica menos demanda y, eventualmente, menos actividad; menos actividad implica menos ventas y horas trabajadas y, eventualmente, menos confianza. De ahí la importancia de generar confianza a la salida de una fuerte recesión (como, por ejemplo, en Argentina 2002 o en EEUU 2012).

Del mismo modo, es fuerte la correlación entre el ICC y el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG, también de la UTDT, que mide separadamente la calidad de gestión y su transparencia). En este caso, el efecto va claramente del primero al segundo. El crecimiento hace a los gobiernos más eficientes y transparentes a los ojos de los votantes. Y viceversa: el malestar económico suele ser culpa de funcionarios "chorros y coimeros". El efímero "que se vayan todos" del 2002 es apenas una variante extrema de este fenómeno pendular.

Trivial, argumentaría un escéptico: un buen gobierno mejora el bienestar de la población. Es lógico que bienestar y puntaje del gobierno se muevan juntos en el tiempo.

Sin embargo, la relación entre economía y política no es sólo temporal. Tanto el índice de confianza como el de imagen se computan en base a un cuestionario entregado al mismo grupo de personas. Es posible, entonces, correlacionar las respuestas sobre el mismo panel de encuestados para un mes determinado. Por ejemplo, podemos saber si, a fines de 2011, una persona que veía mejorar su situación era más propensa a elogiar la calidad de las políticas del Gobierno o a minimizar su corrupción. La respuesta es positiva: la situación personal afecta sensiblemente la percepción de bondad y transparencia de las políticas públicas.

No sorprende entonces que la caída del 18% en la imagen del Gobierno (desde su máximo de enero de 2012) emule, con un rezago de 6 meses, la caída del 22% de la confianza del consumidor (desde su máximo de julio de 2011). Y si bien la desaceleración aún no se traduce en menor ingreso disponible y estancamiento del empleo, al generar temor a una caída de imagen alimenta los incentivos a adoptar medidas de impacto político inmediato como el financiamiento inflacionario del gasto público o la renacionalización de YPF -lo que a su vez explica la actitud cautelosa de la inversión privada y la prima de hasta 25% para saltar el corralito financiero, ambos factores potencialmente recesivos, punto de partida de una nueva vuelta al círculo.

Tampoco sorprende el impacto de la cobertura periodística sobre comportamientos presuntamente non sanctos de funcionarios públicos, dada la fractura que esta realidad económica menos halagadora inflige en el escudo protector del Gobierno. ¿Estamos en los albores de un nuevo ciclo testimonialista en el que las denuncias de corrupción comiencen a hacer mella en la imagen del Gobierno? De nuevo, si bien es demasiado temprano para lanzar pronósticos, la historia reciente parecería indicar que sí -sobre todo si hay quien, fuera del Gobierno, pueda encarnar estas denuncias de modo creíble.