El gobierno logró darse una nueva Carta Orgánica del Banco Central. Al combinar mayor flexibilidad en la determinación de las reservas “óptimas”, limites más laxos al financiamiento al Tesoro y mayor libertad en la determinación de los encajes o las tasas de interés, la nueva Carta Orgánica otorga mayor discrecionalidad a la política monetaria, relajando los límites autoimpuestos para combatir los desequilibrios monetarios y la inflación crónica de fines de la década del ’80.

En abstracto, uno podría concluir que la mayor discrecionalidad monetaria no es una mala noticia. Es generalizadamente aceptado por la disciplina económica que la política monetaria es una herramienta potente para estabilizar los ciclos económicos. Lejos se está hoy, incluso en el mainstream económico, de aquella otrora popular idea según la cual el dinero sería macroeconómicamente “neutral”, es decir, sin consecuencias permanentes sobre el nivel de actividad.

No hace falta ir muy atrás en el tiempo para ver las implicancias prácticas. Desde hace casi un lustro, los bancos centrales del mundo desarrollado han implementado un variado abanico de políticas monetarias inéditamente expansivas para hacer frente a la crisis sistémica reciente. Asimismo, la historia macroeconómica de la Argentina de la convertibilidad es un ejemplo cercano de los riesgos de una política monetaria y cambiaria pasiva y rígida. Así, la mayor discrecionalidad que se otorga el gobierno con la nueva Carta Orgánica le permitiría contar con mayor poder de fuego para expandir el dinero en las malas y contenerlo en las buenas.

Sin embargo, la reforma de la Carta Orgánica no sucede en abstracto sino en un marco macroeconómico particular. El debate vuelve en un contexto en el cual la política monetaria, lejos de su rol estabilizador, ha avanzado lenta pero persistentemente hacia su consolidación como un apéndice de la política fiscal. La reforma no implica un punto de inflexión en el vínculo monetario y fiscal sino que convalida y refuerza prácticas recientes.

En este sentido, la gestión de la política monetaria y cambiaria de los últimos años ha convertido al Banco Central en el prestamista de última instancia de gobierno de dos maneras. Primero, en dólares, a través de la transferencia de reservas para el pago de vencimientos de deuda por unos 25 mil millones de dólares (equivalente a 10 años de financiamiento de la Asignación Universal por Hijo). Segundo, en pesos, a través de adelantos transitorios que, al ser refinanciados anualmente, se transforman en permanentes, y del giro de las utilidades contables del Banco Central, resultado de la depreciación que eleva el valor en pesos de las reservas y demás títulos públicos dolarizados en el activo del banco. Así, la deuda del Tesoro representa hoy un 45 por ciento de los activos del Banco Central, cifra que se ubicaba en tan sólo un 7 por ciento a comienzos de 2003.

Asimismo, de manera indirecta aunque no menos relevante, la combinación del sesgo inflacionario de la política monetaria con la subestimación de la inflación del Indec no sólo permitió licuar las obligaciones en pesos indexados del gobierno sino que favoreció la colocación de nueva deuda a tasas reales negativas (por ejemplo, en el fondo de garantía previsional).

Entonces, ¿qué nos promete esta nueva Carta Orgánica? ¿Un Banco Central que aproveche su mayor discrecionalidad para guiar responsablemente al ciclo económico? ¿O uno que aproveche el nuevo marco institucional para una validación monetaria de los desequilibrios fiscales? La historia abunda en ejemplos fallidos de experimentos monetarios de este tipo, principalmente en la inflacionaria América latina de posguerra y más específicamente en la hiperinflacionaria Argentina de los ’80. Por otro lado, la idea de que la inflación es un mal necesario para el crecimiento fue parte de la ortodoxia económica durante casi medio siglo, pero fue desacreditada empíricamente hace ya varias décadas: no existe un solo caso de crecimiento sostenido durante el siglo XX que presente sistemáticamente los niveles de inflación que actualmente vive el país. Hoy se entiende que los procesos inflacionarios sostenidos no son síntomas de fortaleza de una economía sino todo lo contrario: si existe una relación de largo plazo entre inflación y crecimiento es negativa.

En conclusión, la nueva Carta Orgánica libera a la política monetaria de muchas de las ataduras diseñadas para otro momento histórico del país. El Gobierno recupera, con ella, una elevada discrecionalidad para utilizar a su criterio una herramienta muy poderosa. Pero, como dice el dicho y más que nunca, “un gran poder conlleva grandes responsabilidades”. El riesgo de hacer mal uso de esta discrecionalidad no es despreciable: retornar a un régimen de alta inflación.